La seguridad jurídica de la Fuerza Pública no puede reducirse a una cifra
Las asociaciones representativas de la Reserva y Veteranos de la Fuerza Pública de Colombia expresamos nuestro desacuerdo frente a las recientes declaraciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien ha invocado la existencia de más de 7.000 integrantes de la Fuerza Pública sometidos a esa jurisdicción como argumento para advertir sobre las consecuencias que tendría su debilitamiento institucional.
La cifra merece una explicación completa
Los integrantes de la Fuerza Pública sometidos a la JEP no constituyen un universo homogéneo. Estar sometido a esa jurisdicción no significa haber reconocido responsabilidad, haber sido determinado máximo responsable ni encontrarse en idéntica situación jurídica. Numerosos militares que participaron directamente en graves conductas han reconocido su responsabilidad. Pero existen también comparecientes que no reconocen las responsabilidades que se les atribuyen y tienen pleno derecho a controvertirlas con todas las garantías del debido proceso.
La falta de garantías del debido proceso para los integrantes de la Fuerza Pública
En el actual debate se habla de proteger el presupuesto de la JEP, preservar su autonomía y garantizar su independencia. Son asuntos legítimos. Pero no advertimos la misma preocupación por los derechos y garantías de los integrantes de la Fuerza Pública sometidos a esa jurisdicción, especialmente de quienes no reconocen responsabilidad. Los militares no pueden ser invocados como argumento para defender institucionalmente a la JEP y, al mismo tiempo, quedar ausentes del debate sobre las garantías que la propia JEP debe ofrecerles.
Nuestra preocupación es todavía mayor cuando las investigaciones avanzan desde quienes han reconocido participación directa en homicidios y desapariciones hacia niveles superiores de mando, incluidos oficiales coroneles y generales. Investigar a un comandante no vulnera por sí mismo ninguna garantía. Lo que resulta indispensable es que su eventual responsabilidad sea demostrada individualmente y no inferida por el grado, la posición jerárquica o la sola existencia de un patrón macrocriminal.
Ya lo advertimos en nuestro comunicado del 26 de mayo: identificar un patrón de macrocriminalidad puede ser legítimo como herramienta investigativa, pero ello no sustituye la acreditación concreta de la responsabilidad individual de un compareciente. De igual manera, señalamos que la responsabilidad del mando no puede descansar únicamente en el rango o la jerarquía.
Las recientes declaraciones del presidente de la JEP sobre su independencia y autonomía hacen aún más necesaria esta reflexión. Defendemos la independencia judicial y rechazamos cualquier intento de subordinación de los jueces al poder político. Pero independencia no significa ausencia de controles, transparencia, motivación de las decisiones ni garantías para quienes están sometidos a la jurisdicción.
Quien no reconoce responsabilidad no puede quedar en una posición de inferioridad por ejercer su derecho a controvertir la construcción judicial de los hechos. Su verdad debe ser escuchada, sus pruebas valoradas y su responsabilidad demostrada individualmente. Esta garantía resulta particularmente relevante cuando se pretende establecer responsabilidad en niveles superiores de mando.
También consideramos necesario que cuando se invoque públicamente la cifra de más de 7.000 integrantes de la Fuerza Pública, se presente el panorama completo de la justicia transicional: comparecientes provenientes de las extintas FARC-EP, beneficiarios de amnistías, máximos responsables determinados, reconocimientos de responsabilidad y personas que continúan en las diferentes rutas procesales. Las cifras aisladas no pueden sustituir una rendición transparente de los resultados del sistema.
Nuestra posición permanece inalterada: No buscamos impunidad. Exigimos justicia con garantías. Quien cometió un crimen debe responder individualmente por él. Quien reconoció responsabilidad debe cumplir la sanción correspondiente. Pero quien controvierte una responsabilidad conserva plenamente sus derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia. La JEP necesita independencia.
Las víctimas necesitan verdad y justicia. Y los comparecientes de la Fuerza Pública necesitan garantías. Ninguno de estos principios puede existir a costa de los otros.
Colombia merece conocer no solamente cuántos militares están en la JEP, sino qué garantías tienen dentro de ella.